Regulación del outsourcing entraría en vigor en marzo o abril: Concanaco

Dos propuestas aun sobre la mesa son la responsabilidad solidaria del contratante respecto de las prestaciones no pagadas por la firma de outsourcing y la deducibilidad de las prestaciones, que ayudaría a las MiPymes y evitaría incentivar la informalidad, dice José Manuel Campos.

El outsourcing o subcontratación es indispensable y no va a desaparecer, excepto si pretende sustituir la nómina de una empresa con trabajadores subcontratados a través de un tercero, señaló José Manuel Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco Servytur) y uno de los participantes en las reuniones entre funcionarios federales y la IP.

Luego de varias reuniones entre funcionarios federales y dirigentes empresariales y sindicales, el miércoles 9 de diciembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, anunciaron un acuerdo preliminar para extender el plazo tanto para definir aspectos pendientes de la reforma para regular el outsourcing y dar tiempo a las empresas para regularizar su situación en esa materia, y pedir a los legisladores pospongan su discusión de la reforma legal para febrero de 2021.

Campos estima que, aun cuando la discusión y aprobación legislativa de la reforma hubiese ocurrido en este mes de diciembre, es necesario un período de transición de alrededor de 3 meses, por lo que la aplicación de la nueva ley entre en vigor en marzo o abril de 2021.

Presente en las reuniones con las autoridades, Campos señaló que fue precisamente la definición de lo que se puede y lo que no se puede hacer lo que hizo demorar las discusiones, pero en el fondo el espíritu es que no haya sustitución de nómina ni de patrones, y que se evite el abuso que se ha dado con la facturación de servicios y los derechos de los trabajadores al no reconocerles sus prestaciones.

“En los grandes conceptos que dieron origen a esta iniciativa ya estamos de acuerdo”, afirmó.

Rechazaron suscribir el acuerdo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) bajo el argumento de que el convenio preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada.

En los próximos tres o cuatro meses, las empresas que sí tienen sustitución de nómina deberán incorporar a los trabajadores subcontratados a su nómina, definir en su caso qué se puede y qué no se puede subcontratar y comenzar a trabajar en las fórmulas para determinar el reparto de utilidades, indica el dirigente empresarial.

Explicó que una de las propuestas que está sobre la mesa es la responsabilidad solidaria del contratante con el contratado, lo que significa que, si la empresa especializada que es subcontratada no paga las prestaciones correspondientes a sus trabajadores, la compañía contratante tendría que pagarlas.

Y un asunto que todavía no se ha discutido, señala Campos, es la deducibilidad de las prestaciones, un tema de interés principalmente de las MiPymes y que evitaría incentivar la informalidad.

“Una de las formas como deben contribuir estas modificaciones a la subcontratación es con una mayor inclusión del sector de trabajadores a todas las prestaciones, de salud, financiera, vivienda, etcétera”, apunta.

Antes de la pandemia la informalidad era de 60% en ese sector, y si no se toman medidas para evitar su incremento durante la reactivación ni hay un cambio que incentive a estos negocios a pasarse a la formalidad, el país no podrá crecer a mayores tasas, anticipa.

Aclaró que, aunque se trata de una reforma laboral, sus efectos son fiscales, de pago de derechos y de lo que es deducible y lo que no para efectos del ISR, pues finalmente lo que se requiere es poder definir cuál es el costo para los inversionistas.

Son los puntos que están pendientes de resolver, la implementación, los tiempos y las formas, pues en lo fundamental ya hay acuerdo, bajo dos objetivos: tutelar los derechos de los trabajadores y la productividad de las empresas, indicó el presidente de Concanaco Servytur.

Consideró que las empresas deben empezar por comprender que habrá una modificación y que tienen que empezar a trabajar en reestructurar sus modelos de contratación a efecto de estar acordes para cuándo entre en vigor la ley.

“El sector empresarial ve con buenos ojos el que se tutelen los derechos de los trabajadores, pero que no se afecte la productividad de las empresas”, concluyó el dirigente empresarial.

AN / ZR