Trabajan con horario y condiciones de exclavitud

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Buen inicio de semana, para todos nuestros amables alter lectoris bienvenidos nuevamente a este su espacio de reflexión en Notiissa.mx, después de este breve pero sincero saludo pasamos directamente al tema que esta semana hemos decidido llevar a sus consciencias para que tenga usted otro punto de referencia del acontecer en nuestra sociedad.

Demos pues inicio comentando que aunque la primer nota fue recibida hace más de 10 días, el tema aún no se ha agotado, sí, nos referimos al caso de nuestros hermanos rarámuris que fueron y seguirán siendo objeto de explotación y pillaje por parte de las gentes del poder, es decir, no sólo de quienes los utilizan como herramientas laborales humanas de bajo costo, sino de aquellos que los usan como herramienta política, para hacerse ver como los que enarbolan banderas sociales que jamás habían ondeado.

Dados los acontecimientos que se presentaron en algunos ranchos de Baja California Sur, donde según se constataron, nuestros naturales eran explotados de grado similar a la esclavitud, lo que originó que nuestras autoridades estatales surgieran de pronto al apoyo de “nuestros hermanos tarahumaras”, al grado de que por ultimo llegaron a retarse a debates y auditorias para ver quien atendía y aplicaba mejor los recursos asignados para los grupos vulnerables.

Pero no nos alarmemos no ha pasado nada, nada más allá de los dimes y diretes, y como siempre todo queda en esa guerra de declaraciones.

Ahora lo interesante es ver que este hecho, es uno más de lo que sucede en nuestro país a raíz de la pobreza y marginación que padecemos, lo cual no exime a nuestra entidad del flagelo de la miseria que aquí sufre una gran cantidad de chihuahuenses y sobre todo los grupos étnicos de nuestro estado.

Lo anterior no es fácil comentarlo así como así, pues para ello hay que decir enfáticamente que la falta de empleos formales que prevalece en las comunidades campesinas e indígenas son condiciones que propician la vulnerabilidad de los derechos de los jornaleros agrícolas indígenas migrantes, es muy conocido que la población de esas comunidades, la mayoría de las cuales padecen pobreza extrema, tienen que recurrir a la migración estacional, temporal o permanente como una alternativa para emplearse como jornalera o jornalero en el sector agrícola, sobre todo en las temporadas de recolección de productos de la tierra.

Es lamentable decirlo pero los campos agrícolas tanto de empresas nacionales y como extranjeras explotan a sus trabajadoras y trabajadores, sometiéndolos a condiciones de semiesclavitud, bajo el amparo y en ocasiones en contubernio con las instituciones públicas que se ven beneficiadas de esta cadena masiva de explotación laboral. Ya que son víctimas de escasos o nulos derechos sociales.

Los jornaleros agrícolas «no cuentan con ninguna prestación de ley, no se les proporcionan alimentos suficientes y adecuados e incluso los materiales para construir sus precarias viviendas son sufragados de sus propios ingresos», afirma Alfonso Navarrete, titular de la Secretaría de Trabajo.

Más de la mitad de las personas que trabajan como jornaleros agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, con altos porcentajes de población aborigen, y el problema se extiende a nivel nacional, a por lo menos 19 de los 32 estados del país, dentro de los cuales uno es Chihuahua.

Los índices de desarrollo humano de estas regiones son los más bajos del país, aunado a la falta de alternativas de empleos formales, y la marginación ancestral.

Otro de los factores que hacen posible que se dé esta práctica, es el hecho de que el 81% de la población jornalera no han logrado concluir la educación secundaria, cifra que es aún mayor entre la población indígena, y el 90% de las y los trabajadores no cuentan con un contrato formal de trabajo.

Un abuso más es que un jornalero agrícola trabaja 15 horas al día mientras que en la Ley Federal del Trabajo está establecida una jornada laboral de 8 horas, además, un 80% sufre problemas de salud, y como no tienen contrato formal no cuentan con prestaciones laborales ni sociales, como ya mencionamos.

La vida en los campos de cultivo se halla en graves condiciones: «en algunas zonas agrícolas las viviendas son galerones que hacinan entre 500 o 3,000 trabajadores en condiciones indignas, en otras, las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o en ruinas donde llegan a vivir de 20 a 100 personas, según han indicado algunos estudiosos y expertos.

El Instituto Nacional de las Mujeres señala que casi 40% de las mujeres indígenas que trabajan como obreras o jornaleras reciben menor salario que sus compañeros hombres, y el 35% de las mujeres declararon haber sido humilladas en su jornada laboral.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México casi el 50% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y de esa cifra, más del 10% padece pobreza extrema o miseria, una estadística similar al porcentaje de población total indígena de nuestro país, haciendo coincidir el mapa de la pobreza con las zonas aborígenes del mismo.
Son duras las cifras y el escenario lo es por sí mismo y más cuando nos damos cuenta que nuestro caso local, es decir lo que hace días vimos y vivimos con nuestros rarámuris, es sólo uno más de los últimos que nuestro país ha conocido.

Para muestra recordemos el caso de unas 200 trabajadoras costureras de una empresa coreana en Jalisco, y el caso más reciente ocurrió esta semana, cuando fueron localizados 49 pobladores de la etnia mixteca, entre ellos 13 menores, llevados desde las montañas de Guerrero a campos de siembra de pepino en Colima, donde «laboraban en condiciones de explotación», como lo ha indicado un informe del Gobierno, a través de la Secretaria del Trabajo.

Lo más grave es que aún no hemos sabido de acciones legales en contra de las redes que contratan a esas poblaciones vulnerables y que cometen varios delitos como: trabajo infantil, en su modalidad de trabajo forzoso; trabajo agrícola expuesto a plaguicidas y pesticidas, carencia total de equipo de protección, seguridad social y capacitación; y ausencia de control en el manejo de sustancias químicas.

Los datos allí están y hablan por sí mismos, pero qué hacemos al respecto, qué hace el Gobierno si no es más que acciones paliativas que no componen el problema.

Como podrán ver nuestros alter lectoris esta es nuestra lectura, ¿cuál será la que usted más atinadamente tendrá?… Hasta la próxima.
Escribamos a notiissa@yahoo.com.mx

Staff de Notiissa.mx

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