Aprueba Congreso protección para trabajadores de la educación

–Modifica marco legal estatal para entornos escolares seguros.

El Congreso de Chihuahua, dentro del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, reformó la Ley de Seguridad Escolar y la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de fortalecer la seguridad en las aulas y respaldar al magisterio, para que las y los docentes cuenten con protección legal, acompañamiento institucional y protocolos claros en caso de enfrentar agresiones, conflictos o señalamientos durante el ejercicio de su labor.

En la exposición por parte del diputado Óscar Avitia Arellanes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, señaló que las adecuaciones realizadas establecen bases legales para que exista un Protocolo de Protección al Personal Docente, con reglas claras para prevenir y atender cualquier tipo de violencia dentro del entorno escolar. Asimismo, se busca asegurar que las escuelas sean espacios de respeto, diálogo y convivencia pacífica, tanto para estudiantes como para personas trabajadoras de la educación.

Entre las cosas a destacar están el que la autoridad educativa deberá actuar de inmediato ante cualquier agresión o situación de riesgo; además, se deberá garantizar el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia en caso de denuncias, se habrá de brindar asesoría jurídica y apoyo psicológico cuando sea necesario.

Aunado a lo anterior, se crearán mecanismos formales para acompañar a docentes que enfrenten conflictos y se promoverá la capacitación periódica de las autoridades escolares sobre el manejo de los mismos, actuación ante denuncias, canales institucionales y garantías laborales.

Además, la ley ahora reconoce expresamente la obligación de la autoridad educativa de proteger la dignidad, el honor, seguridad y la estabilidad laboral y emocional del personal docente.

Cabe resaltar que para las reformas realizadas, previamente se realizaron una serie de mesas de trabajo integradas por docentes, representantes sindicales y especialistas, quienes compartieron inquietudes y propuestas para fortalecer la propuesta inicial.

Dentro de los artículos transitorios del decreto aprobado por el Pleno Legislativo, se estableció que el protocolo deberá ser elaborado y publicado por la Secretaría de Educación y Deporte, con la participación de las trabajadoras y trabajadores de la educación, sindicatos magisteriales, quienes integran la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte de la Sexagésima Octava Legislatura, organismos de derechos humanos y organizaciones especializadas dentro de 90 días hábiles después de su publicación.