Aprueban Anteproyecto de Ley de Ingresos municipales 2025

Asciende a 7 mil 111 millones 817 mil 773 pesos.

– Será presentada al ayuntamiento en pleno el próximo miércoles en sesión ordinaria

– Lamenta alcalde desaparición de organismos autónomos; un retroceso

Por: Silvia Madrid A.

Ciudad de Chihuahua.- La comisión de regidores de Hacienda y Planeación aprobó este jueves el Anteproyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua para el año fiscal 2025 y asciende a 7mil 111 millones 773 mil pesos y será presentada al ayuntamiento en pleno para su aprobación, el próximo miércoles en sesión ordinaria, ya que deberá ser turnada al Congreso del estado antes del 30 de este mes para su dictamen y aprobación en su caso.

Destacaron los regidores de dicha comisión que preside Luis Villegas Escandón que el 40.45 por ciento de estos recursos son propios del municipio, cifra que duplica el promedio nacional y proceden del impuesto predial -o ingreso-, traslación de dominio, multas, trámites y otros conceptos.

El presidente municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza dijo que espera sea aprobada en la próxima sesión del Ayuntamiento y destacó que estos recursos además de garantizar los programas y servicios municipales a la población, se destinarán a las grandes obras proyectadas para el año entrante, como soluciones viales, continuación de la modernización del alumbrado público, siguientes etapas del Instituto Municipal de Seguridad y del Polideportivo Luis H. Álvarez.

En entrevista posterior a la ceremonia del 40 aniversario del DIF Municipal, el alcalde lamentó la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información ya que representa un gran retroceso para el país, pues estos fueron el resultado de décadas de trabajo y esfuerzos.

Con esta desaparición se vuelve a la opacidad, pues los ciudadanos ya no podrán saber cómo y en qué se gastan sus recursos; sin embargo expresó que en Chihuahua debe mantenerse su Instituto de Transparencia. Agrego que los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas a la población sobre los pesos que se invierten en las obras, servicios y programas, pues son los administradores de los recursos públicos.