Amparos Contra “Fotomultas”

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En la pasada administración municipal el Ayuntamiento de Chihuahua, la mayoría priísta aprobó el llamado “impuesto vehicular” o “tenencia municipal” de 300 pesos por unidad, con el supuesto fin de destinar lo recaudado a la reparación de las vialidades utilizadas por esos mismos contribuyentes.

Aún sin comprobar que esos millones de pesos no fueron destinados al fin para el que se dijo, y a la fecha las vialidades están intransitables por los baches que se multiplican a los ya existentes, cada vez que se presentan las lluvias.

Ante el arbitrario recaudo millonario que pretendía la Presidencia Municipal, iniciaron los amparos con este impuesto calificado como inconstitucional y arbitrario por los promotores de este recurso: los regidores del PAN.

Las primeras decenas de personas amparadas recibieron de “vuelta” el dinero que había pagado por este impuesto, no así miles de chihuahuenses que también pagaron y que acudieron despúes, porque el Municipio promovió un recurso legal contra este amparo, que ya no procedió con los propietarios de automóviles que se acercaron a ampararse posteriormente.

La semana pasada el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materias Penal y Administrativa falló a favor de los amparos ciudadanos contra la tenencia vehicular que cobra el gobierno del estado, por ser también un impuesto fuera de toda proporción.

Lo anterior viene a colación por las inconformidades que ha despertado entre los conductores chihuahuenses las llamadas fotomultas que se aplican mediante cámaras instaladas en vialidades de alta velocidad como el periférico De la Juventud, una vez que algunas son fijas y otras se colocarán en diversos cruceros de la ciudad.

Esta disposición es considerada ilegal porque no permite al supuesto infractor defenderse, e incluso no se da a conocer si las cámaras están bien calibradas para detectar velocidades que rebasen el límite, entre otras irregularidades como la licitación de las mismas, costos y participación de la empresa en los montos de las multas.

Legalmente no se debe restringir el libre tráfico de una persona mexicana por el país –por eso también los retenes son inconstitucionales- y ésta es una manera de impedir el paso libre de un ciudadano con elevadas multas que están fuera de su presupuesto.

El costo de las mismas es de 950 pesos, y los infractores podrán “ahorrarse” el 50 por ciento si pagan dentro de los siguientes 15 días; sin embargo esto es violatorio de la Constitución, que establece en su artículo 123 que el salario debe ser digno y suficiente para cubrir las principales necesidades de una familia.

En este sentido, muchas personas deberían destinar su sueldo íntegro para pagar una fotomulta, en detrimento de su familia, que quedaría sin los recursos para atender las necesidades de alimento, salud y educación, por mencionar algunas.

Las autoridades estatales argumentaron que las fotomultas inhibirían los accidentes y que esta medida era preventiva, sin embargo se ha evidenciado que es meramente recaudatoria; en la primera semana de fotomultas el monto superó los 3 millones de pesos, y los accidentes no han disminuido.

Si en verdad a la autoridad le interesa prevenir y no recaudar, se habría destinado la inversión de las cámaras e instalación, a colocar semáforos preventivos y fijos, los llamados lavaderos, o más presencia de agentes viales para hacer respetar los límites de velocidad.

Ante estos abusos de autoridad los ciudadanos tendrán que recurrir a los amparos, porque estas arbitrarias disposiciones gubernamentales lastiman aún más el ya deteriorado ingreso de las familias chihuahuenses.

Entonces no será sorpresa que de nueva cuenta la sociedad organizada y harta de los abusos de las autoridades tome la ley en sus manos y recurra a recursos como el amparo para impedir arbitrariedades como las fotomultas, por el sólo afán recaudatorio del gobierno.
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Staff de Notiissa.mx

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