Avala Comisión de Presupuesto reforma eléctrica de AMLO

La Cámara Internacional de Comercio México pidió al Congreso rechazar la iniciativa pues, dijo, es imposible su aplicación porque al constituir una falta grave al estado de derecho y contraponerse a principios constitucionales y compromisos internacionales da pie a los mecanismos de defensa para contrarrestarla.

Por considerar que establece piso parejo en el sector eléctrico, fortalece las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cumple con el objetivo de no aumentar tarifas y garantiza la seguridad energética, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió una opinión favorable a la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.

La iniciativa elimina disposiciones que provocan asimetría en la relación de la CFE con los particulares que detentan un contrato o asociación, tales como la revocación de los permisos de autoabastecimiento otorgados mediante fraude a la Ley, señaló la diputada Rocío Barrera Badillo, integrante de Morena.

Añadió que la reforma permitiría a la CFE aumentar sus utilidades por el incremento en la venta de energía y que los contratos celebrados con particulares cumplan con el requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal.

Es una iniciativa antimonopólica, establece piso parejo para la CFE, generando una mejora en las finanzas de la empresa del Estado, indicó a su vez Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La opinión de esta Comisión será remitida a la Comisión de Energía, la cual esperará también la opinión de la Comisión de Economía, antes de elaborar el dictamen que será sometido al pleno. De aprobarse, pasará luego a la Cámara de Senadores, para que discuta y resuelva si la aprueba o no a más tardar el 2 de marzo, dado el carácter preferente con el que fue presentada por el Ejecutivo Federal.

Para la diputada Laura Imelda Pérez Segura, la iniciativa dota de las herramientas para la operación de la nueva política energética. “Coincidimos con el planteamiento del titular del Poder Ejecutivo, ya que, en efecto, desde hace más de tres décadas, México ha padecido con políticas neoliberales que impusieron burdas estrategias para privatizar la riqueza de la nación

y ponerla en manos de empresas particulares”, subrayó.

Piden a legisladores rechazar la reforma

En tanto, la Cámara Internacional de Comercio México (ICC México) solicitó al Congreso rechazar la iniciativa ya que, dijo, además de afectar a toda la industria generadora de energías limpias, perjudicaría también la reputación del país frente a los inversionistas privados nacionales y extranjeros, al contravenir reglas y acuerdos alcanzados y formalizados en tratados internacionales.

Los cambios que pretende la iniciativa presidencial constituyen una falta grave al estado de Derecho y se contraponen a principios constitucionales y compromisos internacionales de México en tratados internacionales, lo que hace imposible la aplicación de dicha reforma y, por supuesto, da pie a los mecanismos de defensa para contrarrestarla, agregó el organismo empresarial.

Añadió que la aprobación de la reforma propuesta afectaría a usuarios finales, de servicio básico y calificados, desarrolladores, generadores, permisionarios de autoabastecimiento y cogeneración y a sus socios autoabastecidos, así como a permisionarios/contratistas que actúan como productores independientes.

Es innecesario y contraproducente someter al país a un debate cuando la Suprema Corte ya sentenció previamente en contra de los principales argumentos de la iniciativa preferente, los cuales serían la base para juicios de amparo y/o arbitrajes nacionales e internacionales a los que acudirían las numerosas empresas para defender sus inversiones, subrayó la Cámara.

Sobre todo, dijo, en momentos en que la prioridad del país debería centrarse en preservar las empresas que aún se mantienen en pie, empleos e inversiones productivas, así como en la recuperación de la economía y el desarrollo de condiciones más competitivas para la industria.

“El TMEC, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), hablan con todas las letras de la prohibición de los monopolios, la irretroactividad de la ley y el principio de progresividad en materia de derechos humanos”, apuntó.

Desde la perspectiva de esta Cámara, la CFE debe sujetarse a los principios constitucionales y de competencia económica como uno más de los entes regulados en el mercado eléctrico, por lo que hacer lo contrario como lo propone la Iniciativa Preferente, generaría un trato discriminatorio por parte del Estado mexicano para las demás empresas participantes y establecería nuevamente un monopolio estatal.

De igual forma, añadió, se estaría contraviniendo la Ley de Transición Energética.

Pidió a los integrantes del Congreso observar que las reformas planteadas en la Iniciativa Preferente irían en contra de los objetivos planteados en la exposición de motivos, como garantizar la calidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, evitar el incremento de las tarifas eléctricas para el consumidor final y estimular la competencia en condiciones de equidad a partir de la mejora de la estructura de costos de los participantes en el sector.

AN / ZR