La política migratoria de México podría tener un antes y un después; presionada por EE.UU., el paso de los migrantes se ha visto inhibido. «Ha habido un cambio, entre el antes y el después al acuerdo [con EE.UU.]. Por una especie de presión de los gobiernos, los flujos se han diversificado, no hay tantas personas en los albergues cuando antes estaban desbordados, las personas están haciendo más procesos de solicitud de asilo y más personas pasan por las estaciones migratorias, es lo que hemos detectado en un acompañamiento que hacemos con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)», explica Gerardo Talavera, director de Casa Refugiados, una organización que promueve los derechos de personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas y migrantes.
Tras el acuerdo con EE.UU., el Gobierno mexicano desplegó 6.000 elementos de la Guardia Nacional en su frontera sur, 15.000 en la norte y transfirió a más de 650 policías federales al Instituto Nacional de Migración (INM).
Saiz también llama la atención sobre que se esté comisionando a la Guardia Nacional para realizar las detenciones y la contención de las personas migrantes, pues, apunta, pone en riesgo la seguridad jurídica. «Son cuerpos militares que se están enfrentando a tareas de contención migratoria y no propiamente delincuencial, en un contexto de una falta administrativa y no de un delito».
A la crisis mexicana se sumó la renuncia de Tonatiuh Guillén López, reconocido por su amplio conocimiento en temas migratorios, al frente del INM, para nombrar en su puesto a Francisco Garduño Yáñez, con una reconocida trayectoria en el sistema penitenciario federal.
Por su parte, EE.UU. devolvió a México, entre el 29 de enero y el 11 de julio, a 19.911 centroamericanos en espera de la resolución de asilo: 8.874 fueron devueltos entre el 8 de junio y el 11 de julio, es decir después del acuerdo migratorio.
«Antes de estos acuerdos, el flujo de personas que detectamos era del 10 %, es decir, hay un 90 % del que nadie se entera que pasan ni a qué hora pasan. Datos de un informe de 2012 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) referían un flujo de 150.000 personas al año, según datos de Migración, y datos de sociedad civil indicaban que era de entre 350.000 y 400.000 al año, es el rango de error que tenemos”, destaca Talavera.
«México está violando el derecho de no devolución, el derecho de asilo de las personas con esto de ‘espérate en México mientras resolvemos tu solicitud de asilo'», subraya Saiz, quien no ve ni claridad ni definición en la política migratoria, a la que califica de «bandazos reactivos».
Aunado a ello, la Administración Trump arrancó hace una semana una serie de redadas contra personas indocumentadas en su territorio sin que, hasta el momento, se conozcan resultados oficiales de la misma.
Hacia la construcción
Ambas organizaciones destacan que no ha habido apertura hacia expertos o sociedad civil para la construcción de una política migratoria más clara e integral.
«Este Gobierno no tiene claridad en qué es la movilidad humana», llama la atención Saiz, y destaca la violación a los derechos humanos en las acciones de detención, contención y deportación «escudadas detrás de un discurso de protección a los derechos humanos.»
El director de Casa Refugiados habla de la necesidad de apertura a la sociedad civil para el diseño de la política migrante. «Hemos notado, del cambio del sexenio a la fecha, una especie de retroceso, primero en la sensibilidad de los funcionarios públicos, una sensibilidad que nos ha ido costando como sociedad civil, pero también en la reducción de programas sociales a estas personas en vulnerabilidad».
El lunes pasado, López Obrador informó que el Gobierno mexicano ha otorgado 1.200 empleos a migrantes, el 50 % de ellos en la frontera sur y la otra mitad en la frontera norte.
El 8 de junio, desde la ciudad fronteriza de Tijuana, el presidente ofreció «ayuda humanitaria y oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen en México su solicitud de asilo para ingresar legalmente a Estados Unidos», una medida que también ha polarizado a sus gobernados.
La población mexicana ha manifiestado rechazo a los migrantes que atraviesan por su país, según una encuesta nacional en vivienda patrocinada por Grupo Reforma y The Washington Post, que revela que 55 % prefiere que sean deportados a sus países de origen y sólo el 7 % quisiera que se les ofrezca residencia.
«No tener una política clara ha generado una presión innecesaria en ambas fronteras de México, tanto en la norte y sur, ha generado incertidumbre entre la población y acrecentado los discursos xenofóbicos”, apunta Saiz.
A la espera …
Este 19 de julio, López Obrador se reunió con legisladores de EE.UU. para hablar del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) y compartió que fue un encuentro fructífero, también enfatizó que la política migratoria emprendida por su Gobierno es «firme y clara».
Mientras que en su conferencia de prensa diaria, a pregunta de la prensa, aseguró que los niños migrantes cuentan con «toda la protección» del Estado mexicano.
«Si los migrantes están protegidos, apoyados, respaldados, se evita que se violen derechos humanos; con más razón estamos siendo cuidadosos de la atención a los niños, hay hasta planes de Unicef para este propósito», señaló.
El riesgo, enfatiza Saiz, es que la evaluación que México espera este 22 de julio está movida «por situaciones caprichosas de Estados Unidos porque no hay metas establecidas. Hoy te pueden decir que cumpliste y mañana que no cumpliste».
Paola Morales
Fuente: RT
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