Empleadas domésticas contra el ‘apartheid’ de un barrio argentino
Trabajadoras de la urbanización Nordelta aseguran que no les permiten usar los mismos buses que los propietarios. Piden el ingreso del transporte público y tienen apoyo del municipio.
Una denuncia por discriminación contra empleadas domésticas en un exclusivo barrio privado de Buenos Aires, en Argentina, expuso la resistencia de muchos de sus vecinos a compartir transporte con las trabajadoras residenciales, o a permitir el ingreso del transporte público a las inmediaciones de sus viviendas, algunas de las cuales están valuadas en más de un millón de dólares.
Nordelta es un complejo habitacional exclusivo ubicado en el partido de Tigre, a unos 40 kilómetros del centro de la Capital Federal. Su construcción comenzó hace 18 años en un enorme descampado, en una zona ribereña que se conecta por vía fluvial con el atractivo turístico del Delta del Tigre, e incluyó el desvío del Arroyo Las Tunas, provocando inundaciones en los barrios populares aledaños.
Hoy alberga en sus extensas 1.700 hectáreas a más de 35.000 habitantes, en gran mayoría de la clase acomodada bonaerense. Pero Tigre no es Nordelta. Buena parte de sus barrios son habitados por gente de clase baja o media, que a veces encuentran trabajo en algún domicilio de ese barrio privado.
El creador y titular de Nordelta es Eduardo Constantini, uno de los hombres más ricos de la Argentina, quien hace un mes se lamentó porque, a raíz de la crisis económica del país, muchos hombres poderosos como él dejaron de «ser billonarios».
Hasta hoy, la única empresa de transporte que opera en Nordelta se llama Mary Go, y ofrece dos tipos de servicio: un autobús que recorre los barrios privados de la zona, y otro que, además de ello, llega hasta la Capital Federal.
La mayoría de las empleadas domésticas vive en barrios muy cercanos, pero las distancias son largas en Nordelta, por lo que, una vez que se bajan del bus público, deben tomar el servicio privado para llegar a su destino laboral.
En los últimos meses, en horarios de mayor caudal de ingreso y egreso de empleadas domésticas a sus respectivos trabajos, la demanda de transporte superó a la oferta, porque la cantidad de buses que tiene la empresa a disposición no alcanza. La polémica se despertó a partir de la denuncia de varias trabajadoras que afirman que no se les permitió viajar en los vehículos de Mary Go por el hecho de que varios propietarios se quejaban de que las mujeres tienen «mal olor«, o «hablan mucho«.
En respuesta a ello, un grupo de empleadas se organizaron y realizaron un corte a modo de protesta en el ingreso a los ‘countries’, como se denomina en Argentina a estos barrios privados. Varios medios de ese país se hicieron eco de la noticia y lo describieron como un caso de ‘apartheid’ de clase, como tituló el diario local Página/12. Una vez que el caso tomó conocimiento público, algunas trabajadoras aseguran que recibieron amenazas por parte de sus patrones, por lo que temen perder sus empleos.
Discriminadas por «ser pobres»
Mariela —nombre ficticio utilizado para preservar su identidad—, es una vecina de Tigre que trabaja en el servicio doméstico en una casa de Nordelta. Consultada por RT, sostiene que las empleadas son discriminadas «por ser pobres«, incluso cuando están trabajando. «A mí me dicen que no puedo usar la vajilla de los dueños ‘por los microbios’. Sin embargo, cuando tengo que bañar a sus hijos no tienen problemas», relata.
«Siempre nos tomamos cualquier servicio para llegar a nuestras casas, el que va a Capital Federal y el que no. Durante los últimos dos meses nos hicieron bajar de los buses», denuncia. A Mariela la rechazaron dos veces de un micro que iba al centro de la ciudad bajo el argumento de que no podía «viajar parada». Sin embargo, si se toma el bus interno, el que usan la mayoría de sus compañeras, viaja de pie.
Los tiempos que marca la mujer coinciden con el surgimiento de un «rumor», iniciado por una compañera, que dijo haber presenciado una reunión de propietarios en la que se debatía si permitir o no viajar a sus empleadas en los buses de Mary Go. En esa reunión, la empleada habría escuchado los comentarios despectivos hacia las trabajadoras.
Desde que hicieron el corte, las empleadas comenzaron a organizarse y están «más fortalecidas«, afirma Mariela, y agrega que ahora hablan más que antes durante los viajes.
«Esta situación despertó un elefante dormido. Ahora no nos va a parar nadie. Gracias a esto se viralizó también el trabajo no registrado en el servicio doméstico», indicó la mujer, que estima que «más de la mitad» está en esas condiciones, con bajos salarios y sin el cumplimiento de sus derechos laborales básicos.
«Nadie lo controla, y el sindicato [Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)] tampoco movió un dedo. Muchas agrupaciones de izquierda nos están ayudando a hacer lo que no está haciendo el sindicato», reconoció.
Nicolás Pasqualini es el dueño de la empresa Mary Go. Tras recibir a este medio en sus oficinas, en las afueras de Nordelta, asevera que «no hay discriminación» en su transporte, y que no tiene problemas en brindar el servicio a cualquiera que lo necesite y lo pague.
«Lo que ocurre es que tenía un contrato con la Asociación Vecinal Nordelta —la firma que administra el consorcio— avalado por la Municipalidad, pero ese contrato se venció». Por esa razón, los buses disponibles son menos, y la demanda de transporte creció de la mano de la expansión urbanística de estos barrios privados. «Pero la Asociación Vecinal no quería pagar un nuevo contrato que, ante la necesidad de sumar más unidades, costaría más caro», explica Pasqualini.
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