Buscan protección contra la explotación laboral infantil

– El Congreso de Chihuahua envía iniciativa al Congreso de la Unión para plantear la implementación de operativos de detección y rescate, inspecciones laborales y mayor coordinación entre autoridades para combatir el trabajo infantil.

El Poder Legislativo Estatal envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la prevención y el combate a la explotación laboral infantil, particularmente entre quienes se encuentran en contextos de migración y vulnerabilidad.

El dictamen presentado por el diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, señala que el trabajo infantil constituye una problemática que afecta el desarrollo integral de la niñez y vulnera derechos fundamentales como la educación, la salud, el descanso y el sano esparcimiento.

De acuerdo con las consideraciones del documento, en 2022 alrededor de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil en México, cifra equivalente al 13.1 por ciento de la población de ese rango de edad. De ese total, 2.1 millones realizaban ocupaciones peligrosas y 1.6 millones enfrentaban condiciones nocivas en quehaceres domésticos.

Dentro del dictamen también se plantea que la especial vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes pueden quedar expuestos a redes de explotación laboral, trabajos peligrosos y otras formas de abuso, debido a la precariedad de sus condiciones de vida y a las dificultades para acceder a mecanismos de protección.

Entre las medidas propuestas se encuentra establecer operativos especiales para detectar y rescatar a menores de edad que se encuentren en situación de trabajo infantil, con énfasis en comunidades indígenas, zonas rurales de alta marginación y contextos migratorios, ello en coordinación de autoridades laborales, procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes y, cuando sea necesario, corporaciones de seguridad pública y autoridades migratorias.

Asimismo, se fortalece las inspecciones laborales mediante visitas de verificación periódicas, sorpresivas y prioritarias en sectores y regiones con mayor incidencia de trabajo infantil, así como facilitar la aplicación de medidas de seguridad y sanciones cuando se detecten actividades contrarias a la ley.