Impulsan diputados iniciativa de Fiscalía Autónoma

– Chihuahua es una de las seis entidades donde la Fiscalía aún depende del Poder Ejecutivo.

Los coordinadores parlamentarios  del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez Madrid y Francisco Sánchez Villegas  de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa conjunta para transformar la Fiscalía General del Estado en un órgano constitucional autónomo.

De acuerdo con la propuesta, la reforma busca separar a la institución de la estructura del Poder Ejecutivo, otorgándole autonomía técnica, presupuestal, financiera y de gestión. El objetivo central es garantizar que las funciones de la fiscalía no estén influidas ni condicionadas por ninguna autoridad.

Al respecto, el diputado Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano, señaló:

“Una Fiscalía subordinada al gobierno en turno nunca podrá garantizar plenamente que la ley se aplique sin cálculos políticos. Esta reforma busca que en Chihuahua la justicia no reciba órdenes del poder”.

Sánchez Villegas advirtió que Chihuahua es actualmente una de las seis entidades federativas donde la fiscalía todavía depende del Ejecutivo, mientras que veintiséis estados ya operan bajo modelos de autonomía. Detalló que esta independencia es prioritaria para investigar delitos de corrupción, crimen organizado y violaciones a derechos humanos.

La iniciativa también modifica el proceso para elegir a la persona titular de la dependencia. El procedimiento contempla lo siguiente:

Análisis de la terna: El Poder Ejecutivo enviará una propuesta al Congreso, la cual será evaluada por la Comisión de Justicia mediante comparecencias públicas.

Elección por mayoría calificada: El Pleno del Congreso deberá elegir al nuevo fiscal con el voto de al menos las dos terceras partes de las y los diputados presentes.

Remoción protegida: El titular solo podrá ser removido por causas graves, respetando su derecho de audiencia y también mediante el voto calificado de dos terceras partes del Poder Legislativo.

Ambos legisladores coincidieron en que este cambio es indispensable para consolidar un sistema de justicia eficaz, combatir la impunidad y asegurar que las investigaciones respondan estrictamente a criterios jurídicos y técnicos, protegiendo a las víctimas.