El Acceso al Agua, un Derecho Humano

Hace algunos años había una campaña de la Junta de Agua que decía: Dios da el agua… Pero no la entuba”. Y efectivamente el gobierno es quien se encarga de la instalación de infraestructura para llevarla a las miles de tomas domicilliaria, empresariales, industriales y otras.

Pero todas estas acciones se realizan con el dinero que los ciudadanos aportan vía impuestos para recibir los servicios que debe garantizar el gobierno, pero que muchas de las veces no es así, como la seguridad, que está ausente gracias a la impunidad y la corrupción; pero éste es otro tema.

Mucha gente desconoce las leyes a las que pueden recurrir en caso de algún abuso de autoridad como los que comenten los “funcionarios públicos” (que por cierto también viven de nuestros impuestos).

¿Sabía que es una violación a los derechos humanos el cortar el agua de un domicilio por falta de pago? Efectivamente, por muy alto adeudo que tenga, la Junta de Agua no puede dejar sin el líquido vital a una persona o una familia, y en caso contrario puede y debe acudir el afectado a las instancias correspondientes a poner su queja para que esa autoridad sea sancionada.

El corte de agua es un delito grave porque atenta contra la salud, y todo lo que de ella se deriva: el aseo personal, la alimentación, cuidado del ambiente, de animales, mascotas, limpieza, etc. El agua como derecho humano debe ser accesible a todos a precio que alcancen a pagar todos los beneficiarios.

Sin embargo cuando los consumos por este servicio son altos porque se van acumulando debido a la demora de los usuarios, una manera de presionar el pago es cortar el agua, cometiendo un delito, pues este es un acto inconstitucional.

Lo que sí es permitido en caso de no pago, es racionar el líquido o disminuir la presión para que el deudor sólo pueda contar con lo más indispensable y de esta manera se acerque a negociar el adeudo.

No se trata de fomentar la cultura del no pago sino de que los afectados conozcan sus derechos pero también muestren disposición de arreglar el problema negociando dar una cantidad “de entrada” y establecer pagos mensuales que sean accesibles y seguros: ese es el compromiso.

Pero ¿qué pasa cuando hay disposición de los usuarios pero no de los “funcionarios”? Es el caso de “servidores públicos” que atienden y dan solución a problemas según sea su estado de ánimo. También se debe denunciar a las autoridades estos actos de prepotencia, o de corrupción en caso de que reclamen la “mordida” para resolver un problema.

Estos abusos siguen siendo el pan de cada día, ante la impotencia de los deudores que –por obvias razones: falta de recursos- no pueden pagar a tiempo y los empleados de la Junta de Agua exige un pago por reinstalación de servicio, por colocar el medidor, por no cortar el agua, por “negociar” el adeudo y por todo lo que se pueda.

Caso especial son los adultos mayores que con su escasa pensión –los que la tienen- deben alimentarse, vestirse, medicarse y pagar los abusos de estos “servidores” de la Junta de Agua; una persona de este grupo de edad comentaba que le exigieron sacar su medidor del domicilio y ponerlo en la calle para que pueda ser leído por los empleados que toman la lectura.

Para hacer este costoso cambio le dieron un año, sin embargo al mes acudieron con la respectiva multa, sin respetar el plazo original que le habían otorgado para hacer el traslado del medidor. Otro caso lamentable el de una ancianita que logró juntar para pagar su recibo mensual, pero como tenía cortada el agua, le exigían un alto pago por reinstalación; ante la falta de recursos se tuvo que retirar a conseguir el dinero para pagar este abuso.

Y así hay cientos de abusos que la gente permite por desconocer sus derechos, y por no actuar contra estos malos empleados, denunciando ante las autoridades; los superiores de éstos empleados y en última instancia a la Comisión de Derechos Humanos, para que estos abusos no sigan, como parte de la corrupción que se da en todos los niveles.